Los servicios de interpretación en el Reino Unido han sido el foco de controversia desde que el Ministerio de Justicia británico firmó un acuerdo marco por valor de 168 millones de libras que incluía un contrato de 5 años para juzgados y tribunales por valor de 90 millones de libras. Era la primera vez que se otorgaba un contrato tan grande a un solo proveedor en el Reino Unido. Por costumbre, los tribunales tenían acuerdos puntuales con intérpretes o empresas de traducción locales. El acuerdo de cinco años con el Ministerio de Justicia arrancó el 1 de febrero de 2012 y tenía como intención ahorrar unos 18 millones de libras anuales al contribuyente británico. El contrato se adjudicó a una sola empresa: Applied Language Services, con sede en Oldham, cerca de la norteña ciudad inglesa de Mánchester. La empresa de traducción ya contaba con contratos exclusivos para suministrar servicios de traducción en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 y una serie de departamentos del servicio de salud británico. Ya en marzo de 2012, el diario
The Guardian comenzó a expresar la reacción de los intérpretes profesionales, quienes se enfrentaban a enormes recortes salariales. Algunos intérpretes se negaron a trabajar y la empresa no pudo encontrar sustitutos que hiciesen el trabajo por ellos. Las interrupciones en los tribunales comenzaron pronto.
Justo después de haber ganado el contrato con el Ministerio de Justicia, Applied Language Services fue adquirida por Capita en diciembre de 2011. Las organizaciones de intérpretes del Reino Unido afirmaron que alrededor del 60% de los 2.300 intérpretes profesionales del registro nacional del servicio público de intérpretes se negaban a trabajar para la nueva empresa. Al parecer, la adquisición tuvo lugar sin el conocimiento del Ministerio de Justicia, aunque era conocida en los círculos profesionales de traducción y por muchos profesionales del sector de la traducción. La licitación del contrato estaba abierta sólo a pequeñas y medianas empresas (PYMES). Capita ya había sido una conocida empresa de externalización de servicios públicos en Gran Bretaña durante algún tiempo, pero no tenía experiencia en el sector de la traducción. No era la primera vez que Capita había
participado o era acusada de socavar a las pequeñas empresas. La nueva Capita Translation Interpreting asistió a Localization World London 2013 en humor triunfante. Fue ese mismo año cuando
los servicios de interpretación en los tribunales británicos fueron descritos como "caóticos" ya que no pudieron celebrarse algunos juicios. Cientos de intérpretes profesionales ya boicoteaban el contrato en aquellos momentos, enojados por las condiciones del contrato y por entonces plenamente conscientes de los informes de calificación crediticia encargados por el Departamento que habían concluido que no se debía dar a la empresa de traducción trabajos por valor de más de 1 millón de libras al año. Los costos por servicios de interpretación en los tribunales nacionales rondaban los 4 millones de libras esterlinas al año hasta entonces. Los problemas continuaron a lo largo de años: el juez superior de los tribunales de familia
ordenó a la empresa privada pagar 16.000 libras en 2015 por su "lamentable" falta de provisión de servicios de interpretación de eslovaco siete veces en un simple caso de adopción. El partido laborista declaró que el contrato estaba "fuera de control".
Interpretar para el Ministerio del Interior
Si no se ve muy fácil la situación en los tribunales británicos, en 2016 el Ministerio del Interior británico se enfrenta a
amenazas de masivos boicots. Los intérpretes freelance del Ministerio del Interior están formados específicamente, certificados y gozan de nivel de seguridad puesto que tienen que trabajar con la Unidad Central de Intérpretes del Ministerio del Interior, un departamento ministerial responsable de la seguridad, la ley y el orden y la inmigración. El boicot podría afectar seriamente al ya sobrecargado sistema de inmigración del Reino Unido ya que depende en gran medida de los intérpretes independientes para los casos de inmigración. Los recortes en los servicios jurídicos públicos y tribunales no son nada nuevo y parecen que afectan a países de todo el mundo. Los intérpretes de Estados Unidos se rebelaron contra el nuevo contratista de Virginia Sosi después de tomar el testigo de Lionbridge en 2015. Lionbridge llevaba queriendo poner fin a su poco rentable acuerdo anual por valor de 14 millones de $ con el Departamento de Justicia. El contrato de Sosi tenía un valor de 12 millones de $ para servicios de interpretación y entró en vigor el 1 de noviembre de 2015. Pero los intérpretes de tribunales no estaban dispuestos a firmar los nuevos términos del contrato debido a las condiciones de bajos salarios, disputas por los reembolsos por gastos de viajes y políticas de cancelación como mayores puntos de controversia. Lectura recomendada:
- The Wrong Way to Interpret Justice (La mala manera de interpretar la justicia): https://onesmallwindow.wordpress.com/2016/01/29/the-wrong-way-to-interpret-justice/
- Capita ordered to pay costs over failure to provide interpreters to family courts (Capita pagará costes por la falta de intérpretes en juzgados de familia): http://www.theguardian.com/business/2015/feb/02/capita-failure-provide-interpreters-family-courts
